ACTUALIDAD

El fenómeno Okupa en España, un tema de controversia

El fenómeno Okupa es uno de los temas de mayor relevancia en el panorama nacional. Los medios de comunicación hacen marca de esto y podemos observar, a cualquier hora,  la actualidad de multitud de situaciones relacionadas con este.

¿Cuáles son los números reales?

La verdad, es que la ocupación de viviendas no ha parado de crecer en los últimos años. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, desde el año 2016 está práctica ilegal ha crecido casi un 50%, desde entonces, y sólo entre 2018 y 2019, ascendió un 20%. Sin embargo, lo peor parece que está por llegar, ya que el confinamiento provocó un aumento de la ocupación en las segundas residencias. Actualmente, se estima que hay unas 100.000 viviendas ocupadas

El porqué y el quién de la ocupación:

Este es un colectivo que lleva en funcionamiento desde los años 80 en nuestro país, que surge como una forma de luchar contra aquellos problemas relacionados, en su corriente social, con las personas sin hogar, y como una lucha contra la burocracia en su vertiente más política.

Sin embargo, como podemos observar en la más cercana actualidad, que el modelo de ocupación que nos llega desde los medios es el relacionado más bien con su vertiente social. Jóvenes sin ingresos, personas desahuciadas e inmigrantes carentes de recursos para pagar un alquiler o una hipoteca.

¿La ocupación es ciertamente legal?

En primer lugar me gustaría señalar que la constitución española en su artículo 33 reconoce el “derecho a la propiedad privada”, pero marca también  la “función social” de la misma por lo que el estado podrá privar de ella en aras del interés social.

En cambio, el Código Civil establece que «en ningún caso>> puede adquirirse violentamente esta posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El problema queda en el hecho de que este es un proceso que se llega a demorar entre 6 meses y 3 años.

¿La ocupación es realmente un problema?

Va a opinión, pero queda demostrado que sí. Sobre todo por el hecho de que se ha convertido en un tema demasiado común y malinterpretado como una forma de vida viable para personas que han perdido su casa o que no tienen recursos. El hecho de que este fenómeno se apruebe desde el gobierno de según qué comunidades autónomas no hace más que fomentar un modo de vida precario, inseguro y en el limbo de la legalidad.

En España se estima que hay más de 3.4 millones de inmuebles vacíos y son cerca de 40.000 las personas que carecen de un techo en todo el país, entre los que encontramos sobre todo personas sin recursos como: desempleados, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género e inmigrantes. Más que permitir y facilitar la ocupación se debería de llevar esto a un marco más seguro y legal, que de verdad apoye una solución sin poner en riesgo la propiedad de terceras personas y asegurando así también la vida de las personas de la calle.

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